domingo, 2 de noviembre de 2014

La ley y el orden..

Estado y Sociedad


 La ley y el orden (*)
por Alberto Farias Gramegna

“Las carencias de estatalidad (…) se manifiestan en todo momento y desde luego, perturban la credibilidad colectiva en la política democrática” - Natalio Botana

Según cuenta su confidente y servidor, Artemio Gramajo, el general Julio A. Roca, amargado por las confrontaciones políticas de su tiempo y sus consecuencias, en la última década del siglo XIX, sentado en su despacho, pensativo y con los ojos nublados, de pronto exclama: “¡Qué país difícil es este!”. Hoy, más de cien años después podríamos decir lo mismo.

La ley y el orden ..
Una reflexión del escritor y pensador A. Kloester nos ayudará a ubicarnos en el tema que nos ocupa: “Los daños que resultan de la violencia individual (…) son insignificantes en relación con las orgías de destrucción resultantes de la adhesión y el abandono a las ideologías colectivas que trascienden al individuo”. Y cuando esas ideologías en su búsqueda de equidad, creen pragmáticamente que “cuanto peor mejor” se corre el riesgo de reforzar un vacío institucional, que históricamente en el mundo siempre terminó alentando la tentación autoritaria, como una modalidad perversa de buscar orden sin ley. Tanto el autoritarismo como la anomia anárquica resultan verdugos de la democracia.

El respecto de la Ley como garantía del orden

Sin ley y sin orden (juntas como las caras de la moneda) no hay construcción democrática, ni república, porque no hay ciudadano.
La ley asegura los procedimientos y las normativas que persiguen justicia. El orden -social y político (en cualquier sistema, más allá de su cultura e ideología predominante)- preserva las condiciones de pertinencia, pertenencia y seguridad en las que puede y debe actuar la ley.
La ley y el orden, entonces, son inherentes a la presencia y acción del Estado. Cuando este se ausenta, se presenta débil o errático, crea las condiciones para la disolución de la eficacia institucional y facilita la emergencia del caos, en reemplazo de la mediación de la norma y encarnado en la acción directa como forma de protesta extrema. Hace tiempo que observamos la sistemática trasgresión de la ley -en cualquiera de sus manifestaciones normativas-  y una constante erosión del orden mínimo esperable para la convivencia social.

¿Por qué ocurre esto, si la inmensa mayoría de los ciudadanos dicen querer vivir en orden y con seguridad jurídica? Intentaremos posibles respuestas a este interrogante.
Se dirá en primer lugar, que el orden se altera porque “la gente no confía en la justicia”...y el respeto a la Ley resulta así “disfuncional” a los intereses  de quien demande alguna reivindicación o ejercicio de lo que considera legítimo y -de tal suerte- ve en el camino legal un esfuerzo estéril. Una morosidad inconducente.

Otro argumento, muy escuchado, es aquel que partiendo de una desconfianza visceral al “sistema”, asume una actitud de “fundamentalismo contestatario”; está convencido de que por las vías institucionales no se logran soluciones y que los reclamos mueren en los cajones de los funcionarios burócratas. Un corolario natural de ese argumento es que se asocie cualquier reclamo, demanda, etc. con la automática ocupación compulsiva del espacio público, más allá del territorio específico, y la coacción derivada a terceros ajenos al conflicto.
En estos casos se observa la ecuación “Si A+B entonces C”, esto es: a) reclamo organizacional-institucional b) respuesta o solución diferida por burocratismo, negligencia, inoperancia o discrecionalidad institucional. Entonces...c) exteriorización del conflicto a la esfera del espacio público. El corolario de esta ecuación es como sigue: d) intervención mediática que potencia y resignifica el evento e) perturbación del orden público y a menudo trasgresión a las normativas de la convivencia por los efectos secundarios provocados por la acción directa.

La sociedad de la pelea

A lo largo de los últimos años hemos visto que cualquier conflicto de origen estatal o privado deriva, antes que en una solución dialogada e institucional, en una confrontación de fuerza,  planteada como un antagonismo antinómico y dilemático, cargado de descalificaciones entre las partes intervinientes y con tendencia a cronificarse como problemática de trastornos no relacionados primariamente con el ámbito de inicio, ni con los intereses originales que motivaron el problema.

La sumatoria “ad infinitum” de estos episodios hacen agobiante la cotidianeidad del “hombre de la calle” que es en verdad un ciudadano “en la calle”. Harto, en medio de presiones y dificultades de todo tipo, escéptico y desconfiado, el ciudadano medio muda en “medio ciudadano”, incompleto en su identidad civil, y recala por defecto en un escepticismo político que lo llevará a descreer no de tal o cual ley, sino de la “Ley” en general, (que finalmente no relaciona con el orden)  lo que es lo mismo que decir que termina no creyendo en el Estado mismo. Entonces -paradojalmente- pide “más acción directa para terminar con la acción directa”; un círculo vicioso de enorme riesgo.

La Historia ha demostrado que solo el respeto de la ley nos da la libertad necesaria para cambiar lo que es necesario cambiar. La sociología -y los hechos históricos - nos muestran que los cambios estables, serios y progresistas, nunca han devenido de la mera degradación del orden social, cultural y jurídico. Más bien fueron producto del debate paciente, esforzado e inteligente, donde se negociaron las perspectivas y los legítimos intereses sectoriales, en la mutua comprensión de que solo si se preserva el consenso sobre la idea del “bien común” se puede sobrevivir como sociedad plural, capaz de superarse a sí misma. “Conservar las formas para poder cambiar el fondo”, parece ser la aparente consigna paradojal de las exitosas negociaciones sociales. Entonces una “ley mala” se cambia con el instituto de otra ley que sea “buena”, y no con la desestima anómica de todas las leyes. Desconocer este principio republicano es la peor manera de defender las buenas ideas que solo se legitiman institucionalmente en el marco de la convivencia sostenida por la ley y el orden.

(*) Versión alternativa que sirvió de base para desarrollar el artículo "La ley y los necios de la conjura"
http://afcrrhh.blogspot.com.es/


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